La Contraloría General de la República advirtió que el sistema de educación superior en Colombia continúa enfrentando importantes desafíos en materia de acceso, permanencia, calidad y sostenibilidad financiera, pese al crecimiento registrado en la matrícula durante los últimos años.
De acuerdo con un análisis realizado por la Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, uno de cada dos estudiantes que termina el bachillerato no ingresa de manera inmediata a una institución de educación superior, situación que evidencia que aún persisten importantes barreras para acceder a la formación profesional, tecnológica y técnica.
Aunque la matrícula pasó de 2,44 millones de estudiantes en 2021 a 2,72 millones en 2025, el organismo de control considera que este crecimiento no ha sido suficiente para garantizar el acceso oportuno de los egresados de la educación media.
El informe también revela que Colombia mantiene un rezago significativo frente a los estándares internacionales. La cobertura en educación superior aún se encuentra 21,1 puntos porcentuales por debajo del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), lo que refleja la necesidad de ampliar las oportunidades de acceso para los jóvenes.
A esta situación se suma la deserción estudiantil. Durante 2023, la tasa nacional fue del 8,97 %, pero alcanzó niveles mucho más altos en algunos programas: 17,18 % en educación técnica profesional, 13,62 % en educación tecnológica y 7,82 % en formación universitaria, lo que demuestra que ingresar a la educación superior no garantiza la culminación de los estudios.
La Contraloría también identificó retos en materia de calidad. Entre 2021 y 2025, los resultados promedio de las pruebas Saber Pro alcanzaron apenas el 48,5 % del puntaje máximo posible, mientras que en las pruebas Saber TyT el promedio fue del 45,9 %. Además, persisten diferencias de desempeño entre hombres y mujeres.
Mayor presión sobre las universidades públicas
El estudio evidencia un cambio importante en la composición de la matrícula. Mientras en 2021 las universidades públicas concentraban el 54,5 % de los estudiantes, para 2025 su participación aumentó al 56,7 %, mientras que las instituciones privadas redujeron su participación del 45,5 % al 43,3 %.
Este comportamiento implica una mayor presión sobre las universidades oficiales, que deberán responder a una demanda creciente con recursos limitados.
Si bien los ingresos de las universidades públicas aumentaron de 7,9 billones de pesos en 2019 a 14,2 billones en 2024, la Contraloría advierte que cerca del 50 % de estos recursos provienen de transferencias de la Nación, lo que mantiene una alta dependencia del presupuesto nacional.
A ello se suma el pasivo pensional de las universidades públicas, que en 2024 alcanzó 10,3 billones de pesos, equivalente al 79,7 % de todos sus pasivos, una carga financiera que podría afectar la inversión en infraestructura, investigación, bienestar estudiantil y calidad académica.
Reforma a la Ley 30 y hallazgos fiscales
La Contraloría también alertó sobre el impacto fiscal que tendrá la implementación de la reforma a la Ley 30 de 1992, estimando que entre 2027 y 2036 requerirá recursos cercanos a 27,8 billones de pesos, es decir, alrededor de 2,7 billones de pesos por año.
Finalmente, el organismo informó que, entre el segundo semestre de 2022 y el primer semestre de 2026, identificó 130 hallazgos fiscales por un valor superior a 176.753 millones de pesos en entidades del sistema público de educación superior. La mayoría de estas irregularidades corresponde a contratación, seguida de asuntos contables e infraestructura educativa.
Para la Contraloría, el futuro de la educación superior colombiana dependerá de tres grandes desafíos: garantizar mayor acceso y permanencia de los estudiantes, mejorar la calidad y la equidad del sistema, y asegurar una financiación sostenible que permita responder a la creciente demanda sin comprometer la estabilidad financiera de las instituciones públicas.
