La recuperación del control territorial en el sur del Tolima debe ir acompañada de una presencia permanente de las autoridades. Ese fue el llamado que hizo la gobernadora Adriana Magali Matiz al Ministerio de Defensa, a la cúpula militar y a la Fuerza Pública, luego de los operativos adelantados contra la minería ilegal en el municipio de Ataco, donde más de 1.000 personas abandonaron las zonas intervenidas por las autoridades.
Durante su intervención, la mandataria departamental destacó las dificultades que representó ejecutar el procedimiento de desalojo, especialmente por las condiciones de seguridad de la zona y la necesidad de garantizar el respeto por los derechos humanos. Además, insistió en que los resultados alcanzados no pueden convertirse en una intervención aislada, sino en el comienzo de una estrategia sostenida para recuperar el control territorial.
Matiz fue enfática al señalar que una operación de estas características implica importantes esfuerzos institucionales y riesgos para quienes participan en ella. Por eso, cuestionó que se pueda exigir desde los escenarios institucionales la realización de desalojos sin dimensionar las dificultades que deben enfrentar los uniformados y funcionarios en el terreno.
“Vaya y hágalo allá en el territorio, vaya y saque usted a mil personas, vaya usted y destrúyale los cambuches a esas mil personas y que no haya ningún problema, respetando siempre los derechos humanos. Así lo hicimos”, manifestó la gobernadora.
Gobernadora pide que no se abandone el sur del Tolima
Uno de los principales puntos de su intervención estuvo relacionado con la continuidad de la presencia de la Fuerza Pública en los municipios del sur del departamento.
La gobernadora aseguró que, después de la operación adelantada en Ataco, es indispensable mantener los controles, la vigilancia y el seguimiento para evitar que las actividades ilegales vuelvan a establecerse en los territorios recuperados.
En ese sentido, hizo un llamado directo a la viceministra de Defensa y al ministro de Defensa para que se mantenga el acompañamiento institucional y se programen nuevas intervenciones contra las estructuras relacionadas con la minería ilegal.
La mandataria también relató que durante el fin de semana se comunicó con un general de la Fuerza Pública para manifestarle su preocupación por la falta de presencia de uniformados en algunos sectores de Planadas. Según explicó, después de su comunicación se realizó una nueva operación ese mismo día.
“Ministro, no podemos dejar el resultado de esa operación ahí, tenemos que seguir”, expresó Matiz, al insistir en que los esfuerzos realizados en Ataco deben tener continuidad en otros puntos estratégicos del sur tolimense.
La intervención en Ataco se concentró principalmente en el sector de Puente Amarillo, en el corregimiento de Santiago Pérez, donde se adelantaron acciones para retirar los asentamientos utilizados por personas dedicadas a la extracción ilegal de oro en las riberas de los ríos Atá y Saldaña.
De acuerdo con los balances entregados por las autoridades, durante varios días de intervención salieron más de 1.000 personas de la zona. También fueron destruidos cambuches y retiradas conexiones eléctricas instaladas para facilitar las actividades de extracción ilícita.
Amenazas con drones generan preocupación entre las autoridades
Otro de los aspectos que destacó la gobernadora fue la situación de seguridad que enfrentan los funcionarios y trabajadores encargados de ejercer controles en el sur del Tolima.
Durante su intervención, Matiz mencionó las dificultades que estarían experimentando los agentes de tránsito que realizan controles viales en la región, quienes, según relató, han manifestado temor ante posibles ataques con drones.
La mandataria indicó que incluso recibió información sobre renuncias de agentes de tránsito que habrían decidido abandonar sus funciones por las amenazas y el riesgo de ser víctimas de estos dispositivos.
“Ya no nos quieren trabajar, nos renunciaron los agentes de tránsito porque tienen miedo que les lancen un dron”, relató Matiz sobre la información que recibió de los funcionarios.
Esta preocupación se suma a los hechos de intimidación registrados durante los operativos contra la minería ilegal en Ataco. El 6 de noviembre se reportaron ataques con artefactos explosivos lanzados mediante drones contra puntos cercanos a la estación de Policía del municipio, hechos que fueron atribuidos preliminarmente a posibles retaliaciones por las intervenciones de las autoridades.
Frente a este panorama, la gobernadora insistió en que el sur del Tolima no puede quedar desprotegido y que las autoridades deben garantizar las condiciones necesarias para que los funcionarios puedan desarrollar sus labores sin temor a represalias.
El control territorial debe mantenerse después de los desalojos
Para Adriana Matiz, recuperar los espacios ocupados por actividades ilegales representa solamente una parte del trabajo que deben desarrollar las instituciones.
La mandataria explicó que, si después de una intervención las autoridades se retiran sin garantizar vigilancia y seguimiento, existe el riesgo de que las personas regresen y se restablezcan las actividades que motivaron los operativos.
Por esa razón, solicitó mantener los controles territoriales, fortalecer la presencia institucional y continuar las acciones de seguridad en los municipios del sur del departamento.
“Si intervenimos hoy, si recuperamos el espacio como lo hicimos con esa operación con tanto esfuerzo, y mañana nos retiramos nosotros sin garantizar la presencia, la vigilancia y el seguimiento, créame que hemos perdido el tiempo”, señaló.
La gobernadora también reconoció el trabajo de la Fuerza Pública y manifestó su agradecimiento a los uniformados que participaron en los procedimientos, destacando las dificultades que enfrentaron para ejecutar el desalojo sin generar afectaciones a los derechos humanos.
En su intervención, además, mencionó las actuaciones adelantadas por CORTOLIMA frente a las afectaciones ambientales relacionadas con la minería ilegal. Destacó el trabajo de la directora de la autoridad ambiental y las sanciones que se han impuesto en el territorio.
Asimismo, advirtió sobre nuevas estrategias utilizadas por quienes desarrollan actividades de extracción ilegal, señalando que, después de las intervenciones, algunos estarían buscando predios privados para ubicar maquinaria y continuar con sus operaciones.
Esta situación, según el planteamiento de la mandataria, demuestra que las acciones contra la minería ilegal deben mantenerse y extenderse a diferentes puntos de la región.
La protección de los ríos Atá y Saldaña sigue siendo una prioridad
La operación desarrollada en Ataco hace parte de las acciones institucionales para enfrentar la minería ilegal y sus consecuencias ambientales en el sur del Tolima.
La extracción ilícita de oro en las riberas de los ríos Atá y Saldaña ha generado preocupación por los daños ocasionados a los ecosistemas y las fuentes hídricas. Por ello, las autoridades han adelantado intervenciones para afectar la infraestructura utilizada en estas actividades y recuperar las zonas intervenidas.
La Gobernación también informó sobre la destrucción de 12 excavadoras y 10 cambuches en operaciones contra las estructuras dedicadas a la explotación ilícita de oro. Según el balance institucional del 4 de noviembre, estas acciones representaron una afectación económica superior a los 464 millones de pesos para las estructuras criminales.
Sin embargo, la gobernadora considera que los resultados deben estar acompañados de una estrategia de seguridad de largo alcance que permita impedir el regreso de estas actividades.
Por eso, su mensaje al Gobierno Nacional y al Ministerio de Defensa fue mantener el acompañamiento a los municipios de esta región, fortalecer los operativos y garantizar que la recuperación de los territorios no sea temporal.
“No nos dejen solos. Tenemos que seguir haciendo operativos en el sur del Tolima”, concluyó Matiz, reiterando que la presencia permanente de la Fuerza Pública será determinante para avanzar en el control territorial, proteger los recursos naturales y brindar garantías de seguridad a las comunidades y funcionarios que trabajan en esta zona del departamento.
