La minería ilegal en el sur del Tolima volvió a ocupar la atención de las autoridades departamentales, luego de que la gobernadora Adriana Magali Matiz llevara esta problemática ante la Comisión Quinta del Congreso de la República. En su intervención, la mandataria advirtió sobre las consecuencias ambientales, económicas y de seguridad que estaría generando la explotación ilícita de minerales en esta zona del departamento.
Con un llamado a fortalecer las acciones institucionales, Matiz sostuvo que combatir la minería ilegal requiere mucho más que pronunciamientos públicos. Según manifestó, es necesario articular labores de inteligencia, presencia permanente de la Fuerza Pública, actuaciones de la justicia y decisiones oportunas para enfrentar las estructuras que estarían aprovechando esta actividad como fuente de financiación.
«La minería ilegal no se combate con discursos. La minería ilegal se combate es con inteligencia, con presencia permanente de la Fuerza Pública, con justicia y con decisiones oportunas», expresó la gobernadora durante la sesión.
La mandataria señaló que esta problemática no surgió recientemente. De acuerdo con su exposición, la minería ilegal comenzó a expandirse silenciosamente en el sur del Tolima, donde la utilización de maquinaria y métodos de excavación mecanizada habría permitido ampliar las actividades de extracción de oro.
Sin embargo, uno de los aspectos que más preocupan a la Administración Departamental es la presunta relación entre estas explotaciones y el fortalecimiento financiero de organizaciones armadas ilegales. Matiz aseguró que los recursos provenientes de la extracción ilícita estarían siendo utilizados no solamente para financiar sus operaciones, sino también para consolidar mecanismos de control territorial.
Disidencias de las FARC estarían detrás de la explotación ilegal de oro
Durante su intervención, la gobernadora mencionó específicamente a los frentes Ismael Ruiz, Jerónimo Galeano y Joaquín González, estructuras que, según sus declaraciones, estarían aprovechando los recursos de la minería ilegal para fortalecer sus capacidades económicas y ampliar su influencia en diferentes sectores del sur del Tolima.
Matiz explicó que estas organizaciones no solamente se beneficiarían de la extracción del mineral, sino que también ejercerían presión sobre los habitantes de las zonas donde se desarrolla esta actividad.
De acuerdo con lo expuesto ante los congresistas, las comunidades habrían sido sometidas a diferentes mecanismos de control, entre ellos citaciones a reuniones obligatorias, procesos de carnetización, intimidaciones y extorsiones.
La mandataria advirtió que estas prácticas representan una amenaza para la tranquilidad de los habitantes y evidencian que la minería ilegal debe analizarse también desde la perspectiva de la seguridad y el control territorial.
En ese sentido, insistió en que no es posible separar la explotación ilícita de oro de las condiciones de orden público que enfrenta actualmente esta zona del departamento.
Puente Amarillo: 19 entables y más de 60.000 gramos de oro al mes
Uno de los datos más relevantes presentados por la gobernadora corresponde al sector de Puente Amarillo, donde, según un informe de inteligencia conocido por las autoridades departamentales, se habría identificado la operación de 19 entables mineros.
Para explicar la magnitud de esta actividad, Matiz detalló que cada unidad productiva podía extraer aproximadamente 3.600 gramos de oro durante 16 días de trabajo al mes.
Al multiplicar esa cantidad por los 19 entables identificados, la producción estimada superaría los 60.000 gramos mensuales de oro, una cifra que permite dimensionar el volumen de recursos que estaría movilizando esta economía ilegal.
La gobernadora llevó estos datos ante la Comisión Quinta del Congreso para advertir sobre la capacidad financiera que pueden alcanzar las estructuras criminales mediante la explotación ilícita de recursos naturales.
El señalamiento también pone sobre la mesa la necesidad de investigar las rutas de comercialización del oro, identificar a quienes participan en esta cadena económica y establecer los mecanismos mediante los cuales los recursos obtenidos podrían terminar financiando actividades criminales.
La minería ilegal también representa una amenaza ambiental
Además de las implicaciones en materia de seguridad, la explotación ilegal de oro genera preocupación por sus posibles consecuencias sobre los ecosistemas del sur del Tolima.
La utilización de maquinaria pesada, las excavaciones mecanizadas y la intervención de terrenos cercanos a fuentes hídricas pueden provocar transformaciones en los suelos, afectaciones a los cauces y deterioro de los recursos naturales.
La situación adquiere especial relevancia en sectores de Ataco y sus alrededores, donde las autoridades han adelantado intervenciones para detener las actividades de extracción ilícita.
La problemática también ha motivado acciones de la Fuerza Pública contra la infraestructura utilizada para estas actividades, en un intento por afectar las economías ilegales y recuperar el control institucional de las zonas intervenidas.
Matiz pide mayor articulación del Gobierno Nacional
Durante su intervención, la gobernadora recordó que desde marzo de 2024 había advertido al Gobierno Nacional sobre la situación de seguridad que comenzaba a evidenciarse en el sur del Tolima.
En ese momento, según manifestó, ya existían alertas sobre el fortalecimiento de estructuras armadas ilegales y su posible relación con las economías ilícitas que se desarrollaban en el territorio.
También cuestionó la falta de atención que, a su juicio, habría recibido esta problemática durante años anteriores y pidió que el debate sobre la minería ilegal no se limite a las discusiones ambientales o a los pronunciamientos públicos.
Su llamado estuvo dirigido a fortalecer la coordinación entre el Gobierno Nacional, las autoridades judiciales, los organismos de investigación y la Fuerza Pública, con el propósito de afectar tanto la infraestructura de extracción como las finanzas de las organizaciones que presuntamente se benefician de ella.
La discusión cobra mayor importancia por las intervenciones realizadas en Puente Amarillo, en el municipio de Ataco, donde las autoridades han adelantado acciones para enfrentar la explotación ilegal de oro y recuperar el control de este territorio.
La intervención también evidencia la dimensión social del problema y los desafíos que implica recuperar el control institucional de las zonas afectadas.
Finalmente, Matiz reiteró ante la Comisión Quinta que la lucha contra la minería ilegal debe traducirse en acciones concretas y sostenidas. Para la mandataria, el objetivo no es solamente detener las excavaciones o retirar maquinaria, sino impedir que los recursos naturales continúen convirtiéndose en una fuente de financiación para organizaciones armadas ilegales.
La advertencia deja un mensaje central para el departamento: la minería ilegal en el sur del Tolima debe abordarse como un problema que involucra seguridad, protección ambiental, justicia y control territorial, con acciones que permitan proteger a las comunidades y los recursos naturales de la región.
