La Fiscalía General de la Nación judicializó al exalcalde de Honda, Juan Guillermo Beltrán Amórtegui, por presuntas irregularidades relacionadas con un contrato de apoyo logístico suscrito durante su administración en el año 2017. La investigación también involucra a una exfuncionaria de la Alcaldía y a la contratista encargada de ejecutar el servicio.
De acuerdo con la información entregada por el ente acusador, junto al exmandatario fueron judicializadas Lina Rocío Barreto Hoyos, quien para la época se desempeñaba como secretaria de Salud y Proyectos Sociales y tenía a su cargo la supervisión del contrato, y Otilia del Pilar Morales Giraldo, contratista vinculada al proceso.
Los tres fueron imputados, de acuerdo con el grado de responsabilidad que habría tenido cada uno, por los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público.
Ninguno de los procesados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.
¿Qué investiga la Fiscalía en Honda?
La investigación está relacionada con un contrato cuyo objeto era brindar servicios de apoyo logístico para la realización de unas olimpiadas deportivas y recreativas en el municipio de Honda, en el norte del Tolima.
El negocio jurídico tuvo un valor de 11 millones 341 mil pesos y fue celebrado durante el año 2017. Sin embargo, las autoridades habrían encontrado inconsistencias tanto en la documentación utilizada para acreditar la ejecución del contrato como en los procedimientos adelantados para autorizar el pago de los recursos públicos.
Según las pesquisas adelantadas por la Fiscalía, algunas de las actuaciones realizadas durante el proceso contractual no habrían contado con los soportes suficientes para demostrar que los servicios contratados fueron ejecutados de manera adecuada.
El ente investigador sostiene que estas situaciones habrían permitido un pago irregular y una posible apropiación de 7 millones 841 mil pesos, recursos que, de acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, habrían terminado en favor de la contratista.
La investigación busca establecer las circunstancias en las que se produjo este presunto detrimento y determinar la responsabilidad individual de quienes participaron en las diferentes etapas del proceso contractual.
Señalamientos contra el exalcalde Juan Guillermo Beltrán
Dentro de la imputación, la Fiscalía señaló al exalcalde Juan Guillermo Beltrán Amórtegui por presuntamente haber firmado la aceptación de la oferta y posteriormente el acta de liquidación del contrato sin verificar de manera suficiente los documentos que respaldaban la ejecución de las actividades.
Según la hipótesis del ente acusador, esa falta de verificación habría sido determinante para que se efectuara el pago de recursos públicos pese a que no estarían acreditados todos los requisitos relacionados con el cumplimiento del objeto contractual.
La Fiscalía deberá demostrar durante el proceso judicial que las actuaciones atribuidas al exmandatario constituyen una conducta penalmente relevante y que existe responsabilidad individual frente a los delitos imputados.
¿Qué habría ocurrido con la supervisión del contrato?
La investigación también apunta a la actuación de Lina Rocío Barreto Hoyos, quien tenía la responsabilidad de supervisar el contrato.
De acuerdo con la Fiscalía, la entonces funcionaria habría elaborado el informe de supervisión y el certificado de cumplimiento sin contar con los documentos de respaldo que permitieran verificar plenamente la ejecución de las actividades contratadas.
Además, el ente investigador le atribuye presuntamente la elaboración o utilización de dos actas de entrega que no corresponderían a la realidad, situación que hace parte de la investigación por el delito de falsedad en documento público.
La supervisión contractual constituye uno de los elementos centrales de la investigación, debido a que estos documentos fueron utilizados para acreditar el cumplimiento de las obligaciones pactadas y respaldar el trámite relacionado con el pago.
La contratista también fue judicializada
La tercera persona vinculada al proceso es Otilia del Pilar Morales Giraldo, contratista encargada de ejecutar el objeto contractual.
Según la Fiscalía, Morales Giraldo habría presentado informes relacionados con la ejecución del contrato que no contaban con los soportes necesarios para acreditar las actividades realizadas.
Para el ente acusador, esta circunstancia habría contribuido al reconocimiento y posterior desembolso de recursos que, de acuerdo con la investigación, no estarían debidamente justificados.
La Fiscalía sostiene que la actuación de cada uno de los involucrados debe analizarse de manera individual, teniendo en cuenta las funciones que desempeñaban y su participación en las diferentes etapas del contrato.
Un contrato de 2017 que llega ahora a los estrados judiciales
Aunque los hechos investigados se remontan a 2017, el proceso llega ahora a una nueva etapa con la imputación de cargos contra el exalcalde de Honda, la exsecretaria y la contratista.
La judicialización no significa que los procesados hayan sido declarados culpables. La imputación constituye el inicio formal de una etapa dentro del proceso penal en la que la Fiscalía deberá sustentar ante las autoridades judiciales las acusaciones formuladas y las evidencias que respaldan su hipótesis.
Por ahora, los tres investigados no aceptaron los cargos y el proceso continuará ante la justicia.
El caso vuelve a poner la lupa sobre la contratación pública en los municipios del Tolima y sobre la responsabilidad de los funcionarios encargados de verificar que los recursos públicos sean utilizados de acuerdo con los fines establecidos en los contratos.
La investigación deberá avanzar para establecer si las presuntas irregularidades denunciadas por la Fiscalía efectivamente ocurrieron, cuál fue el grado de participación de cada uno de los procesados y si existió una afectación real a los recursos públicos.
Mientras el proceso continúa, se mantiene vigente el principio constitucional de presunción de inocencia, por lo que la responsabilidad penal de los tres involucrados deberá ser determinada por las autoridades judiciales competentes.
