
La Fiscalía General de la Nación judicializó a seis hombres señalados de participar en actividades de “aprovechamiento ilegal de tiburones” en inmediaciones del Santuario de Fauna y Flora Malpelo, una de las áreas marinas protegidas más importantes del país y declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco.
Los procesados fueron identificados como Herminio Ramos Erazo, Bolívar Cambindo, Francisco Paredes Obando, Humberto Calonge Torres, Breiner Cuero Anchico y Sebastián Ramírez Arboleda, quienes integraban la tripulación de una embarcación interceptada por unidades de la Armada Nacional en aguas jurisdiccionales de Buenaventura, Valle del Cauca.
Durante el procedimiento, las autoridades hallaron “cerca de 300 aletas y 100 troncos de tiburón ocultos entre sacos”, correspondientes a especies como el tiburón sedoso, tiburón zorro y tiburón martillo, esta última catalogada en riesgo crítico de extinción debido a la sobreexplotación y la pérdida de su hábitat natural.
Según la investigación, los ejemplares habrían sido obtenidos de manera clandestina durante faenas de pesca realizadas en inmediaciones de Malpelo, donde “está prohibida cualquier actividad de extracción comercial, artesanal o deportiva” por tratarse de un ecosistema protegido de alto valor ambiental.
Las labores adelantadas por la Fiscalía y la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional permitieron establecer que los capturados presuntamente incumplieron la normatividad ambiental vigente y participaron en actividades que afectan gravemente la conservación de especies marinas.
Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente les imputó los delitos de “aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables agravado por cercenamiento de aletas” e “invasión de área de especial importancia ecológica”.
Los seis procesados no aceptaron los cargos durante las audiencias ante un juez de control de garantías.
Las autoridades reiteraron que continuarán fortaleciendo las acciones de control y protección en las áreas marinas protegidas del país para combatir la pesca ilegal y garantizar la conservación de especies amenazadas en los ecosistemas colombianos.